Durante el porfiriato la clase poderosa representada por los financieros, los grandes comerciantes y hacendados, dueños del dinero y del poder adquisitivo, apenas sumaba el 2% de la población total de México, el resto, un 90% era el pueblo llano, los pobres más pobres del mundo, el otro 8% un segmento de profesionistas y burócratas.

La Constitución de 1857, base jurídica del régimen porfirista, llegaba a sus casi 60 años de vigencia, ese glorioso texto producto de la revolución de Reforma que, hacía de nosotros una nación soberana, secular y moderna.

 

Como la desigualdad social era enormísima, y la entrega de tierras, bosques y minerales al capital extranjero estaba en oferta -o cualquier otro tipo de recurso natural-, y sin garantías sociales de ningún tipo para la gran masa social explotada.

 

El estallido popular no se hizo esperar más, y los clamores de justicia social se hicieron desde los campos de batalla de la Revolución Mexicana que, impuso sus condiciones garantistas bajo una nueva organización constitucional que le otorgaba al Estado mexicano la rectoría en materia educativa, sanidad pública, contratación laboral, reparto agrario, tierras y aguas, mares y costas, bosques y selvas, espacio aéreo, el subsuelo, para beneficiar a sus poblaciones y territorios, y nunca más hubiera un perverso sentido del desarrollo y del progreso como el impuesto por Don Porfirio y su camarilla de científicos.

 

La primera Constitución neoliberal de Latinoamérica, fue la del régimen militar de Augusto Pinochet -1973/1990-, la cual instituyo un Estado Subsidiario que no provee directamente las prestaciones sociales, sino que esta provisión queda en manos privadas. En la actualidad en Chile existe un gran debate público para darse una nueva organización constitucional progresista, ojalá y lo logren bajo un amplio consenso, en un segundo intento.

 

Hoy por la mañana escuchaba la entrevista radiofónica que Miguel Ángel Ojeda Aguilar, le hacía al director general del ISSSTE Pedro Zenteno Santaella , y este decía de recuperar la rectoría del Estado en la salud pública que, no es otra cosa que la reorganización del Estado Social mexicano después de 30 años de políticas neoliberales, y que mejor que recuperar la función social estatal en materia de sanidad pública.

 

Así como en el ISSSTE, además de otras instituciones, el Estado Social fue perdiendo rectoría, existen otras ramas del sector público donde diariamente se ve amenazada la rectoría del Estado, la actualmente vigente en nuestra organización constitucional de 1917 que, recientemente celebro su 106 aniversario de existencia y operatividad.

 

Sino se respetan nuestras áreas naturales protegidas, las vedas en materia pesquera, el aprovechamiento racional y sustentable de nuestras aguas dulces del subsuelo y a cielo abierto, la conservación de nuestros bosques y selvas, la reproducción sana de nuestra vida silvestre animal o vegetal, el uso adecuado de nuestra zona federal marítima, la limpieza de nuestro aire y suelo, se vulnera poco a poco la rectoría constitucional del Estado en estos campos tan necesarios para una vida sustentable en sociedad y una nueva gobernanza climática.

 

Por eso resulta muy importante la concurrencia de esfuerzos institucionales de los tres niveles de gobierno, para colaborar en la preservación de nuestros recursos naturales para el aprovechamiento de nuestros niños y niñas, y en la adecuada cobertura y necesaria calidad de los servicios públicos prestados a una población trabajadora que integra nuestra nación.