#Pensar para Transformar Por Martín Inzunza Tamayo | BCS: Un Estado cuarentón
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Por Martín Inzunza Tamayo
BCS: Un Estado cuarentón
Nuestra Constitución local, es el acto soberano y legislativo fundador de nuestro Estado. Apenas 48 años de existencia autonómica como entidad federada.
Nuestra ley suprema local, en su declaración de principios original -solo 6 artículos bastante escuetos-, perfila un Estado Benefactor al establecer principios fundamentales como las funciones de proveer al desenvolvimiento de todas las facultades de sus habitantes y promover en todo a que disfruten sin excepción de igualdad de oportunidades, dentro de la justicia social.
Otra función, será la de promover un desarrollo económico y regular el proceso demográfico -la familia pequeña vive mejor, digamos que fue lo más contrario a la paridera que promueven algunos sectores conservadores religiosos-, para procurar el progreso social compartido y la distribución de la riqueza, buscando garantizar la justicia social.
Un enfoque de igualación social, y unos principios que sobrevivieron los 30 años de neoliberalismo. En la actualidad ese “Título Primero de los Principios Constitucionales” locales, parece un galimatías que mezcla una serie de temas, pero bueno, dejémoslos como principios. Faltaría agregar los de igualdad de género, internet público, la austeridad administrativa, explicitar de mejor manera los principios protectores del medio ambiente, y hasta podría definir el legislativo los principios de la política social del Estado sudcaliforniano.
Para garantizar el ejercicio de estos principios fundamentales constitucionales -que pueden tener un fundamento ético, social, económico, o ideológico, como directrices esenciales de todo el orden socio-político-jurídico sudcaliforniano-, deberíamos contar con un sistema de justicia constitucional local, tal como ya existe en 19 entidades federadas: Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz.
Algo así como, un Tribunal de Justicia Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, para garantizar las obligaciones constitucionales del Estado de protección y bienestar de las mayorías sociales sudcalifornianas -salud, cultura, deportes, educación, esparcimiento, igualdad social, participación política y soberanía popular-.
Ya somos un Estado cuarentón, y cuya mayor existencia la desarrollara en este siglo XXI, en tiempos del internet y las redes sociales -la más poderosa memoria colectiva mundial-. No sería mala idea, el celebrar el 50 aniversario de nuestra Constitución, con un amplio programa legislativo de revisión y actualización constitucionalista. Sobre todo, porque el proyecto de la Cuarta Transformación tiene mucho que aportarle al Estado.
