MICRÓPOLIS Por Bertoldo Velasco Silva -Violación flagrante de la Ley
MICRÓPOLIS Por Bertoldo Velasco Silva
Violación flagrante de la Ley
Desde la reforma laboral aprobada por el Congreso de la Unión en el 2019, sobre todo en el Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a todas las organizaciones sindicales del país a democratizarse para elegir mediante el voto libre, secreto y directo a sus dirigencias, ha sido letra muerta para el sindicato estatal de burócratas que recientemente “eligió” por convención a quienes a partir de la fecha encabeza Marco Antonio Cota Aguilar, quien fue designado mediante una convención, donde 27 de 45 delegados efectivos, decidieron pasar por encima de los derechos de 7 mil sindicalizados.
Además, dicha reforma laboral, obliga a los sindicatos, a cumplir con la participación femenina en los principales cargo o carteras al 50 por ciento, es decir, de 16 secretarías que contempla la planilla “electa”, no se cumplió con la paridad de género, puesto que hay 10 hombres contra 6 mujeres. Independientemente de estas graves faltas y violaciones a la Ley Federal del Trabajo que rige en el país, esos 27 delegados efectivos y sus respectivos dirigentes seccionales de Mulegé, Comondú y de Loreto, violentaron sus propios estatutos al permitir que dos titulares de esas secretarias repitieran en el cargo, pues cumplieron su ciclo de estar un máximo de dos periodos consecutivos, siendo este el del exdirigente estatal, Guillermo Hernández Flores, y el segundo, el ex regidor de Mulegé, al que le llaman “El Kalay”, quien no puede ser titular de una secretaria sindical hasta en tanto no pasen 2 años después del cargo cumplido.
El pretexto para volver a efectuar este tipo de convenciones antidemocráticas y arcaicas es porque no había tiempo para una elección democrática donde participaran 7 mil sindicalizados con derecho al voto libre, directo y secreto, y que este procedimiento se hiciera hasta dentro de tres años, “para organizar el proceso electoral”.
En esta convención, efectuada en uno de los hoteles más caros de San José del Cabo, los delegados efectivos de los seccionales de La Paz y Los Cabos, en total de 18, no pudieron convencer a los de Loreto, Mulegé y Comondú, 27 en total, para organizar una elección democrática, imponiéndose el procedimiento anterior a pesar de que esos 27 delegados efectivos solo representan a no más de 1,200 sindicalizados contra los más de 5 mil de La Paz y Los Cabos. Hay que resaltar que el costo de la convención en ese hotel josefino, alcanzó el medio millón de pesos, y aquí salta la pregunta, ¿quién costeó esta convención efectuada los días 12, 13 y 14 de mayo pasados?
Solo hay que esperar para saber si el Tribunal Burocrático respaldará estas anomalías e ilegalidades en las que ha caído el Sindicato Estatal de Burócratas y les otorgue la toma de nota, reconociendo a la dirigencia “electa”, o en su defecto las rechace, en caso de que se presenten impugnaciones al respecto y obligar a este gremio, a proceder se respete el Artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo.
Quienes dirigen este gremio sindical no entendieron dos cuestiones básicas, una legal y otra política. La primera, es acatar el artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo. La segunda, que se les olvidó que el gobernador Víctor Castro Cosío, durante los años en que ejerció la docencia, siempre fue un sindicalista que exigió la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, manejada por líderes charros que solo buscaban su beneficio político y económico, por lo que pugnó por acabar con ese sistema, hasta que se dio una verdadera muestra de democracia al elegirse mediante el voto libre, directo y secreto, al actual líder de la Sección III del SNTE, donde tuvieron oportunidad de decidir 16 mil entre docentes y trabajadores administrativos.
Sobre este particular tuve la oportunidad de preguntarle al Ejecutivo Estatal el pasado viernes durante la conferencia de prensa que ofreció en la sala de gobernadores de palacio de gobierno, al responder y dejar en claro que “Sin democracia no hay justicia”, y cierto, a él, no le corresponde decidir si el Tribunal Burocrático le da o no la toma de nota al Sindicato de Burócratas, pero su opinión y cito textual “es que debe avanzar la democracia y si hay algo en esa Convención -refiriéndose a la desarrollada del 12 al 14 de mayo pasado- no se hizo o no está apegado a la ley, serán los propios burócratas los que definan y determinen qué procede”, marca su política gubernamental al respecto, independientemente del respeto a la autonomía de estos gremios.
Como toda organización sindical, y más en este caso donde “El Patrón” es el gobernador, los enterados de la política, acuden ante él, para “informarle” de su participación en la lucha por alcanzar primero la candidatura y luego, posiblemente encontrar cierto respaldo de su parte para alcanzar su objetivo. No dudamos en absoluto que para ese objetivo visitaran al gobernador y le informaran de sus respectivos proyectos políticos. Pero conociendo a Víctor Castro, es claro que les dijo que no contaran con su apoyo y obvio, que no manejaran su nombre para coaccionar un marcado favoritismo e influyeran en la decisión final, porque él respeta la voluntad ciudadana o en este sentido, de la voluntad de los sindicalizados.
El hecho mismo de nominar mediante una convención, donde solo participan un total de 45 delegados efectivos, más la intromisión de los dirigentes seccionales de Mulegé, Loreto y Comondú, propician que la dirigencia resultante de este proceso antidemocrático, no surja con la fortaleza y el respaldo de los 7 mil trabajadores sindicalizados para luchar y defender sus causas, como ha sucedido.
Diferente hubiera sido democratizar el proceso, incluir la paridad de género en los cargos y no incluir a personas que ya no pueden ejercer un cargo o una secretaría dentro del Comité Estatal, la dirigencia electa por esos 7 mil basificados, le darían esa fortalece y respaldo para exigir mejores salarios y prestaciones para los representados.
Precisamente, la mayor parte de los trabajadores sindicalizados, en especial los de La Paz y de Los Cabos, que exigían una libre participación para elegir a su directiva, es porque quieren acabar con la falta de transparencia de los recursos que a través de las cuotas les cobran puntualmente, quincena tras quincena, y que no saben en qué se utilizan esos recursos, cuánto gana cada uno por los que tienen cargos sindicalistas, pero sobre todo, acabar con esa pista aérea en que se ha convertido el Comité Estatal, donde solo deberían estar comisionados los 16 titulares de las carteras, los subsecretarios respectivos -si es que los hay- y el propio dirigente, es decir, un máximo de 33 personas. Sin embargo, a la fecha hay en total de casi 130 comisionados en el Comité Estatal. Unos, nos informan, porque no les gusta devengar el salario que les pagan, y otra, porque afirman “en sus respectivas dependencias no los quieren y la mejor salida para quitárselos de encima, es enviándolos de comisionados al sindicato”, Vaya lógica salomónica.
Cerraré esta entrega con el pensamiento político y democrático del gobernador Víctor Castro Cosío, con el afán de que ahora sí, entiendan los gremios sindicales, aquellos que se niegan a democratizar sus procesos de elección de dirigencias, para que también cumplan con la ley y no la violen flagrantemente como sucede con el sindicato de burócratas: “luchamos muchos años para que sea la democracia una forma de vivir, no solo sea cuando va uno a votar por algún partido. Es una forma de vida, yo respeto eso, pues desde la casa aprendí desde muchos años, a decir que la democracia empieza en la casa. La otra es una farsa, porque yo creo sinceramente, que hay que ayudar mucho a los que vienen atrás, para que la democracia se siga construyendo en el país y pasa por las organizaciones políticas, pasa por las organizaciones sindicales, como sucede actualmente en el Congreso, el cual cumple con la paridad de mujeres y hombres, gracias a la lucha de las mujeres por tantos años, eso es democracia, es justicia, igual debe suceder en los sindicatos”.
