MICRÓPOLIS Por Bertoldo Velasco Silva   Ricardo Velázquez, atenta contra los intereses económicos de BCS

MICRÓPOLIS Por Bertoldo Velasco Silva

 

Ricardo Velázquez, atenta contra los intereses económicos de BCS

 

 

El senador Ricardo Velázquez Meza, logró colarse al senado de la República desde diciembre del 2018, cuando al profesor Víctor Castro Cosío, titular de ese escaño, lo designan como Coordinador de las dependencias federales en BCS y representante personal del presidente de la República en la entidad, título que le otorgó el propio Andrés Manuel López Obrador, por lo que siendo suplente, se va a la Cámara de Senadores. Es decir, llegó por circunstancias ajenas a él, lo que significó ocupar dicho cargo casi al inicio de este sexenio, lo que permitió encumbrarlo a esos niveles políticos, siendo un perfecto desconocido. Cierto, llegó con el voto popular en esas elecciones del 2018, pero quién era el candidato propietario, era el actual gobernador.

Sin embargo, este senador que dice representar a los Sudcalifornianos en la cámara alta, los ha traicionado. Y por ende, se le ha perdido la confianza. Veamos los hechos.

Para iniciar esta entrega, diremos que en el 2021, fue de los senadores que aprobaron la desaparición del Fondo Minero. Este, para los Sudcalifornianos, en particular para los Ayuntamientos y para el gobierno estatal, representaban algo así como 120 MILLONES DE PESOS en ingresos anuales, los cuales servían para obra pública para municipios como Mulegé, Comondú y La Paz, debido a su actividad minera, ingresos que percibían por concepto de impuestos a las empresas que explotan ricos minerales en la entidad como la sal, bronce, cobalto, yeso y zinc, propiamente en Mulegé, y otras actividades como la fosforita, el cobre, oro, y otros tantos en Comondú como en La Paz.

Pues bien, en vez de oponerse a esa propuesta del senado, la apoyó aprobándola, por lo que consecuentemente recibió el trato de traidor en su propio pueblo, que es Santa Rosalía, B.C.S.

No conforme con eso y queriendo congraciarse, no sabemos con quién, que obviamente no son los intereses de los Sudcalifornianos, el pasado 22 de febrero (de este año), se le ocurrió asestarle otro golpe a la economía sudcaliforniana, al proponer en la máxima tribuna del país, el que los puertos que viene manejando el gobierno del estado, se le regresen al gobierno federal, y con ello dejar sin recursos financieros al estado por concepto del manejo de los puertos de: La Paz, Pichilingue, San Juan de la Costa, San Carlos, Puerto Escondido, Santa Rosalía, San Marcos, Puerto de Loreto y Santa María. ‘

Por si no lo sabía este senador -así, con minúsculas-, existe un documento que data del 11 de julio de 1997, donde mediante un acta constitutiva, se crea la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, S.A. de C.V. (APIBCS), en la cual el gobierno federal le entrega en concesión por 50 años dichos puertos al gobierno del estado.

El documento señala que estos se componen: de un sistema portuario, encomendado en concesión por el Gobierno Federal e integrado por los siguientes puertos: La Paz y Pichilingue en el municipio de La Paz; Puerto Escondido y Loreto, en el municipio de Loreto; Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé; y Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, así como las correspondientes terminales de San Juan de la Costa, en el municipio de La Paz, Isla San Marcos y Santa María del municipio de Mulegé.

La figura de la Administración Portuaria Integral (API), se creó por el Gobierno Federal con la finalidad de que la planeación, programación, desarrollo y administración de los bienes y servicios de un puerto, se encomendaran a una sociedad mercantil mediante Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual será regida por las disposiciones contenidas en la Ley de Puertos, su Reglamento y el propio Título de Concesión.

Esta APIBCS, cuenta con Título de Concesión con una vigencia de 50 años, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el día 19 de mayo de 1997, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha día 11 de julio de 1997.

Solo para recordárselo a dicho senador, en esos 24 años y meses, los APIBCS como se le conocen, han dejado innumerables obras al estado, y representan un ingreso anual promedio de 270 millones de pesos.

Es decir, la empresa de participación mayoritaria del gobierno del Estado de Baja California Sur, esos puertos generan más de 300 empleos directos, cerca de mil indirectos (obras y prestadores de servicio) y aporta al Estado, recursos por más de 270 millones de pesos anualmente, lo que se traduce en obras y acciones para el bienestar de los sudcalifornianos, como es la preservación del malecón de la Ciudad de La Paz, entre otras actividades de preservación costera, como en los mismos puertos ya citados.

Los recursos financieros que aportan a la entidad dichos puertos por cobro de atraques de embarcaciones y servicios, fundamentalmente, no son suficientes para expandir los beneficios a los pequeños puertos restantes de Pichilingue, con respecto a los ubicados en Comondú, Loreto y Mulegé, pero al senador se le ocurrió esta “brillante idea” de pretender quitarle esa concesión al gobierno del estado, porque él considera que debe regresárselos a la federación, que por cierto, en este sentido desde antes de esta cesión, no invertía un solo peso en los puertos señalados de Baja California Sur.

No conforme con apoyar la desaparición del Fondo Minero que afectó a los municipios de Mulegé, de Comondú y La Paz, perdiendo ingresos por así 120 millones de pesos anuales, ahora pretende restarle otros 270 millones de pesos al año que generan los puertos en ingresos para la entidad.

Bien haría este senador, que en vez de quitarle esa concesión al estado de Baja California, exigiera también le entregara al APIBCS, el puerto de Cabo San Lucas, un claro ejemplo de opacidad, porque nunca se ha sabido cuánto ingresan a las arcas federales, y tampoco, de ese recurso, se sepa hayan invertido un solo peso en mejoras al puerto sanluqueño desde hace varios años, y ahí está ese ejemplo monumental.

Políticamente este senador, se está orinando fuera del bacín. Debería entender que es un Senador de la República, y que sus intereses son, además de representar dignamente al estado, debería defender los intereses de los Sudcalifornianos, y no mermarlos como lo pretende con su punto de acuerdo presentado por él, ante la Cámara de Senadores, el pasado 22 de febrero cuando señala “PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Administración Portuaria Integral de Baja California Sur, para que sea el Gobierno Federal quien administre la totalidad de los puertos del Estado. Dado en el salón de sesiones del Senado de la República”.

Lastimando a los sudcalifornianos con estas decisiones ¿cree el senador que pueda aspirar a algún otro cargo de elección popular terminando su periodo senatorial? Lo dudo, que no se le olvide que su antecesor Ricardo Barroso Agramont del PRI, cuando como senador, aprobó se incrementara el IVA del 11 al 16 por ciento. Cuando lo aprobó, esa fue la señal de su derrota en el 2015, al perder la gubernatura del estado, porque la población jamás se lo perdonó, y por eso, sigue pagando las consecuencias políticas. Así este senador Velázquez Meza ha de pensar que dañando la economía del pueblo Sudcaliforniano, es como va a ascender políticamente. Que se mire en ese espejo de Barroso Agramont.

O a Usted ¿qué opinión le merece el senador Ricardo Velázquez, estimado Lector?

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