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MICRÓPOLIS Por Bertoldo Velasco Silva | El horno, no está para bollos

 

El horno, no está para bollos

Por justicia para quiénes si trabajan, el gobierno del estado debería realizar una exhaustiva investigación sobre aquellos “trabajadores” sindicalizados que se encuentran comisionados en el Sindicato de Burócratas tanto en el estatal como en las cinco secciones, para acabar con los “aviadores”, que son los que sangran la economía de las finanzas estatales al no devengar el salario y los 25 bonos que al año reciben.

En este espacio, siempre he criticado a aquellos empleados de base que exigen a su comité estatal o en su defecto al seccional, sean llamados para considerarlos “comisionados”, como pago al apoyo que le dieron al electo dirigente en la campaña para alcanzar tal cargo -en el caso de los seccionales- o de aquellos delegados que participaron en ese mamotreto de “democracia” para “elegir” al dirigente estatal, y que no hacen otra cosa más que estar en las oficinas del gremio sin hacer nada o en su defecto, trabajan en el sector privado, pero recibiendo puntualmente su quincena y sus 25 bonos que al año entrega el gobierno del estado o los ayuntamientos. Conscientes estamos que hay comisionados que tienen una responsabilidad en su sindicato, pero la verdad, hay muchos que ni en las oficinas sindicales se encuentran para representar dignamente a sus agremiados.

Como ejemplo de ello, diremos que cierto alcalde de La Paz, en su política de trabajar coordinadamente con todos los trabajadores del Ayuntamiento, fueran sindicalizados, a lista de raya, compensados y de confianza, y queriendo conocerlos, decidió junto con su tesorero, presentarse en cada oficina y dependencia municipal, para entregar los cheques -de aquel entonces, ahora se paga vía bancos mediante depósitos interbancarios a la tarjeta del empleado- de manera directa al trabajador.

La intención real de este alcalde como de su tesorero, que a sabiendas que el presupuesto del Ayuntamiento de La Paz, casi el 80 por ciento se iba en pago de personal, quiso reducir los gastos por este concepto, y se dio a la tarea de investigar personalmente, si los que cobraban en el ayuntamiento estaban realmente trabajando en su área o estaban de “comisionados” al sindicato o de plano, eran “aviadores”.

Al presentarse en esas dependencias municipales y al estar anunciando los nombres de los trabajadores, previa convocatoria para que estuviesen presentes para entregarles su pago quincenal, se encontró con varias sorpresas, pues cuando llamaba al empleado a que pasara por su respectivo cheque, la persona no se encontraba presente. Lo más curioso fue, que los mismos trabajadores del área se mostraron desconcertados porque nunca lo habían visto laborando en esa dependencia ni mucho menos lo conocían.

Y así, esa autoridad municipal fue a cada dependencia realizando la misma labor, y en varias de ellas se encontró con lo que él pensaba: había mucho aviador, y a pesar de que se les dio oportunidad, estos nunca se presentaron esa quincena y las subsecuentes a “cobrar su quincena”, en aquel tiempo, muchos de ellos estaban “comisionados” en un partido político: en el PRI. Todo ello motivó de inmediato, darlos de baja del Ayuntamiento, y como consecuencia, esa administración municipal se ahorro varios millones de pesos en pago de ese “personal”.

¿Cuántos fueron en aquella época? Se calcula que fueron más de 100, tan solo del Ayuntamiento de La Paz. En la actualidad, se desconoce el número de ese tipo de trabajadores, sobre todo sindicalizados, que se encuentran “en comisión”, y no solo hablamos de empleados del gobierno del estado, sino también del magisterio, hacia donde la autoridad responsable debería enfocar su investigación para corroborar si realmente están desquitando el sueldo o andan de “aviadores” o de “comisionados”, porque no es posible de los Sudcalifornianos que con el pago de sus impuestos, se mantenga a este tipo de gente.

Lo anterior viene a colación, porque el pasado día 24 de marzo, la Secretaria de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Bertha Montaño Cota, informó del avance en las negociaciones con el Sindicato de Burócratas, en donde reafirmó que existe la buena voluntad para llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes, porque si el gobierno estatal autoriza un aumento salarial, los cinco ayuntamientos tendrían que hacer lo mismo, y en este caso estas administraciones, por lo que hemos visto en el caso de Mulegé, Comondú y La Pz, tendrían serias dificultades económicas para cumplir con lo pactado. No así Loreto, por su bajo número de personal o Los Cabos, que tendría suficiencia financiera para responder.

La titular de las finanzas estatales, dijo que para dar seguimiento al pliego petitorio presentado en octubre de 2022 ante el Gobierno del Estado por los representantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur, la administración estatal tiene la voluntad para llevar a cabo la atención de las peticiones en la medida de lo posible, y en este sentido, dijo que se tienen contemplados 239 millones de pesos para atender esas peticiones sin afectar la administración pública, pero para ello este lunes 27 de marzo, se establecerá una mesa de diálogo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales.

Montaño Cota dijo que la propuesta del gobierno del estado para cubrir el 10% de aumento en sueldo y sobresueldo, así como el 7.82% en 14 de los 25 bonos solicitados y el pago de los quinquenios correspondientes a 2022 y 2023; representa un esfuerzo adicional de 239 millones de pesos que denotan un recurso extraordinario por parte de esta administración.

Para la población en general esa cantidad de 239 millones de pesos, es exorbitante. Sabemos que muchos trabajadores sindicalizados que sí trabajan, lo merecen, pero no así los comisionados ni los aviadores, que de llevarse a cabo esa investigación área por área correspondiente al gobierno del estado, encontraría que muchos, no están devengando el salario, y la administración estatal procedería a darlos de baja y con ello ahorrarse varios millones de pesos, que bien podrían ser aprovechados para obra social.

¿Cómo terminó esa administración municipal que realizó esa investigación? Por principio de cuentan, temía fuera demandado el Ayuntamiento ante los tribunales laborales por “despido injustificado”. Sin embargo, no se presentó ninguna demanda al respecto, porque sabían aquellos despedidos que serían contrademandados y hasta ser penalizados, si no devolvían el dinero que no habían devengado.

Probablemente son justas las aspiraciones de los trabajadores que demandan mejoras salariales, conforme a la inflación que se vive, de eso no lo dudamos, pero bien valdría la pena que el gobierno del estado, realizara ese trabajo de investigación, y que este, no se realice como se costumbra, al final de cada administración para entregar “cuentas” al que inicia, sino ahora que tiene problemas para cubrir a todos esta solicitud de aumento salarial, porque el horno, no está para bollos.

Buen día Amigas y Amigos, espero nos puedan favorecer enviándonos sus críticas, comentarios o sugerencias al correo electrónico: bertoldovs@gmail.com

 

 

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