el 60% de los delitos contra la libertad sexual y la familia denunciados ante la PGJE han sido judicializados
El 60 por ciento de los delitos contra la libertad sexual y la familia denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el primer bimestre del año, han sido judicializados informó la Subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, Beatriz Adriana Robles García.
En enero y febrero, precisó, en la entidad se registraron 245 delitos contra la familia, como incumplimiento de la obligación alimentaria, violencia familiar y violencia de género y 203 contra la libertad sexual, que comprenden, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación y violación equiparada, entre otros.
La funcionaria precisó que, por medio de las Unidades de Atención Temprana, se reciben las denuncias que por algún hecho con apariencia de delito realicen las víctimas u ofendidos, en el caso de los de índole sexual, en La Paz y Los Cabos hay agentes del Ministerio Público Especializadas para investigarlos a través de dicha Subprocuraduría.
Robles García informó lo anterior y agregó que las y los Representantes Sociales que laboran en dichas unidades, por ley están obligados a recibir las denuncias y también están facultados para determinar si lo manifestado por la persona constituye o no un delito.
Cuando hay elementos para considerar un hecho delictivo, canalizan a la Unidad Especializada en Investigación, dependiendo del delito que se trate, si no se constituye un posible delito, el o la agente del Ministerio Público, podrá ejercer su facultad de abstención y determinar ejercicio o no, de acción penal, misma que debe justificar, al igual que si el delito por el tiempo transcurrido, prescribió la posibilidad de denuncia.
En cualquiera de los casos anteriores, la víctima una vez que es notificada de estas resoluciones, cuenta con el plazo de 10 días para impugnar la decisión del agente del Ministerio Público ante un Juez de Control quien en definitiva determinará si el Representante Social tiene o no, razón en la decisión que tomó.
En ambos casos, destacó la Subprocuradora, deberá darlo a conocer por escrito a la persona que denuncia.
Beatriz Adriana Robles García, hizo un llamado a las personas que hayan sufrido este tipo de conductas a que acudan a la institución a interponer su denuncia, para que quien la cometa reciba la sanción que establece el marco legal y repare el daño cometido.
Así mismo, informó que las instancias gubernamentales como las Secretarías de Salud y Educación, y los policías que acuden como primeros respondientes ante una llamada de emergencia, pueden remitir de manera oficial la información de algún hecho donde se presuma la posibilidad de este tipo de delitos para que se inicien las investigaciones correspondientes.
