Armoniza el Congreso de BCS su marco legislativo para incorporar la violencia política en razón de género
- Se trata de reformas y adiciones a las Leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, Electoral, del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal para el Estado de BCS en armonía con el decreto del 13 de abril en el DOF, donde tipifica a la VPMRG como materia federal
- Deroga el artículo referente en el Código Penal puesto que a partir de este decreto, la VPMRG es materia federal, lo que implica un logro al contar con más herramientas orientadas a prevenir evitar y sancionar este problema que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres
En sesión extraordinaria del jueves 28 de mayo, el Pleno de la XV Legislatura del Congreso de Baja California Sur aprobó reformas a diversas leyes y ordenamientos en los que quedó tipificado y homologada la violencia política en razón de género en la Constitución estatal, la Ley a una vida libre de violencia, Ley Electoral y Código Penal de Baja California Sur.
El objetivo es que dar la certeza a las mujeres que ostenten un cargo público, incluso en los de elección popular, desde que son candidatas, para que desarrollen sus funciones con libertad y sin ningún tipo de coacción para desempeñarlo, expresó la diputada Rosalba Rodríguez López, presidenta de la comisión de equidad de género en la cámara local.
La reforma que modificó la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, la Ley Electoral, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Penal para el Estado, se armonizan con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del presente año.
Mediante esta reforma quedó homologado el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG) como lo establece el referido decreto: “Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.
Con las reformas se tipifica también como violencia política en razón de género, divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política; ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus derechos políticos; limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios y prestaciones, obligarla mediante presión o intimidación, a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad o a la ley.
En la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, establece los casos de responsabilidad de violencia, incluso a través de un tercero.
En la Ley electoral fortalece las atribuciones del Instituto Estatal Electoral para hacer respetar la paridad de género y prevenir la violencia política.
Deroga el artículo 390 del Código Penal estatal para eliminar la violencia política, ya que ya está plasmada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por lo que a partir del decreto del 13 de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación, la VPMRG es materia federal, lo que implica un logro al contar con más herramientas orientadas a prevenir evitar y sancionar este problema que limita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
El dictamen de las comisiones de equidad de género y asuntos políticos fue aprobado con veinte votos a favor y una abstención.
