- La Fracción del PT propuso que se fiscalice a las diferentes áreas de la XV Legislatura
Integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobaron que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Contraloría del Poder Legislativo y la Comisión de Cuenta y Administración fiscalicen a las dependencias de su antecesora, la XV Legislatura, a fin de verificar que se hayan cumplido con las normas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, comodatos, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, entre otros.
Los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PT, en voz de en voz de su Coordinador, Diputado Luis Armando Díaz presentaron un punto de acuerdo que también busca que se revise la ejecución de obra pública, conservación, uso, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales del Poder Legislativo, sin detrimento de llevar a cabo de auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y áreas del Congreso del Estado a través de la Dirección de Finanzas y la Oficialía Mayor.
Especificaron que la finalidad es que se derive la posible constitución de responsabilidades administrativas, que se lleve a cabo la substanciación de los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios del Estado, aplicar las sanciones que correspondan.
“No vamos a traicionar esa confianza que nos dieron, la Diputada y los Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, estamos comprometidos con ello, así lo ratificamos, cuando protestamos el cargo y manifestamos por voluntad propia, que aceptábamos bajo el mandato del pueblo, cumplir y hacer cumplir las Leyes, tanto federales como las de nuestro Estado”, expresó.
El punto de acuerdo especifica que la Comisión de Cuenta podrá realizar una segunda auditoria de carácter externo con el objeto de verificar que el gasto realizado por la anterior Legislatura, fue en términos de los criterios generales para la operación administrativa de las dependencias del Poder Legislativo.

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