SSA garantiza atención para pacientes con derechohabiencia

  • Continúa el mismo modelo de atención que en 2019; ahora no se solicita la póliza del Seguro Popular 

En tanto se emiten la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), los siete hospitales estatales y los 55 centros de salud que se tienen en Baja California Sur continuarán laborando en el esquema que tuvieron hasta el día último de 2019, es decir con la prestación de servicios para personas que carecen de toda seguridad social, indicó el titular del ramo en la entidad Víctor George Flores. 

La Secretaría de Salud de la entidad ha enviado circulares a los jefes de las cuatro jurisdicciones sanitarias y directores de unidades, tanto del Hospital General de San José del Cabo, el Hospital General de Cabo San Lucas, Hospital Juan María de Salvatierra, así como el Hospital Psiquiátrico, Hospital General de Ciudad Constitución, Hospital Comunitario de Loreto y el Hospital de Santa Rosalía, para que continúen aplicando los criterios de atención del año pasado, esto hasta que se tenga definida la normatividad de organización y financiamiento entre el INSABI y los estados, comentó.

La variante es que no se requerirá la póliza del Seguro Popular, sino que se solicitará a la personas que presenten su Clave Única de Registro de Población (CURP), credencial del INE o su acta de nacimiento. El personal verificará en las bases de datos, que los solicitantes no posean derechohabiencia en IMSS, ISSSTE, Fuerzas Armadas o PEMEX, y en caso de ser así serán canalizados a su unidad de atención, salvo que se trate de una urgencia donde esté en riesgo la vida o que se tenga la posibilidad de cubrir las cuotas de recuperación, abundó. 

La propia reforma de Ley General de Salud que entró en vigor este primero de enero de 2020 contempla en su artículo 36 la recaudación de cuotas de recuperación con base en criterios como el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Corresponderá a las áreas de trabajo social la realización de estas evaluaciones socioeconómicas para determinar montos o excepciones. La prestación de servicios se realizará con base en la plantilla laboral y recursos disponibles en las unidades de salud.

“Buscamos la solidaridad que se necesita en estos momentos entre las personas que tienen solvencia para cubrir la prestación de un servicio y los usuarios que no pueden hacerlo por encontrarse en condiciones de alta vulnerabilidad”, para tener una vía de financiamiento que garantice el otorgamiento de atenciones en salud, en tanto el estado recibe las transferencias del INSABI para alcanzar la gratuidad, puntualizó George Flores.

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