Para garantizar que la procuración de justicia en Baja California Sur se transforme y se ejecute con apego a la legalidad, prontitud y profesionalismo, el Procurador General de Justicia, Antonio López Rodríguez, ha consolidado un esquema de trabajo basado en la comunicación constante y la supervisión directa de los mandos que integran la estructura de la institución.
Bajo esta premisa desde temprana hora de este jueves 9 de abril, mantuvo reuniones presenciales y vía digital con las y los mandos de las Subprocuradurías de Procedimientos Penales Zona Norte, Centro y Sur, para evaluar y dar seguimiento a los temas prioritarios en la institución.
La labor del Procurador se centra en tres ejes fundamentales con su equipo de mandos: Mesas de Seguimiento; supervisión en campo y despacho y, alineación de objetivos.
El Procurador de Justicia sostiene que la eficiencia operativa es la base de la confianza ciudadana, por ello, la dinámica de trabajo responde a una estrategia integral mediante la cual se mantienen canales de comunicación abiertos y permanentes para evaluar el avance de las carpetas de investigación y los resultados de los operativos en las distintas zonas del estado.
La supervisión no es únicamente administrativa, López Rodríguez realiza evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento de metas e indicadores de desempeño de cada una de las fiscalías y áreas especializadas.
Así mismo, se asegura de que cada mando policial y ministerial trabaje bajo una misma visión de reducir la impunidad y brindar una atención digna a las víctimas del delito.
La estrecha coordinación entre la titularidad de la Procuraduría y sus mandos medios y superiores permite una respuesta más ágil ante situaciones de emergencia y una mayor transparencia en los procesos internos.
De igual manera se garantiza que los recursos humanos y tecnológicos de la institución se utilicen de manera óptima en favor de las y los sudcalifornianos.
Con estas acciones, el Procurador de Justicia reafirma su compromiso de liderar una institución cohesionada, donde la responsabilidad compartida y la vigilancia de los procesos sean los motores que aseguren una justicia real y expedita en el estado.
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