Se extiende hasta el 31 de julio el plazo para la declaración patrimonial: Contraloría Municipal

Siendo una de las medidas de la federación en torno a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de la Función Pública emitió la ampliación del plazo para la presentación de la declaración de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, el cual se extendió desde mayo hasta el 31 de julio del presente año, y en el que deberán participar todos los servidores públicos de este XVI Ayuntamiento de La Paz, dio a conocer la Contralora Municipal María Azucena Meza Gómez.
 
Al respecto, la Contralora Municipal explicó que, desde la administración municipal, se debe corresponder de manera que se apoye a los trabajadores, incluso de manera presencial auxiliándolos en la presentación de esta obligación. Mencionó que, quienes ya han presentado su declaración con anterioridad, ya deben contar con su clave de usuario y contraseña, e incluso, pueden ir avanzando este ejercicio.
 
Sin embargo, para quienes presentarán la declaración por primera ocasión, si es necesario contar con la asistencia de personal de esta área municipal para la generación del usuario, por lo que será necesario esperar a la reactivación de las labores administrativas.
 
“En el ámbito de competencia de la Contraloría, nos corresponde recepcionar y registrar todas las declaraciones de los servidores públicos del municipio de La Paz…año con año se emite en lo interno un programa de logística y apoyo por área, no obstante el tema de la contingencia nos ha limitado, en ese tenor para nosotros es importante la ampliación del plazo, para que una vez que se normalicen las actividades administrativas podamos de manera presencial auxiliar a cada uno de los  trabajadores y que ellos sientan mayor certeza en cumplir con su obligación”, puntualizó.
 
De igual manera, Meza Gómez, precisó que incrementó el número de los servidores públicos que están obligados a presentar esta declaración, esto, de acuerdo a lo establecido en diciembre pasado por el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que obliga a todos los servidores públicos a presentarla sin excepción.
 
Por último, Azucena Meza explicó que, presentar la declaración es un tema estrechamente ligado a la transparencia y rendición de cuentas, “nosotros estamos obligados a estar rindiendo cuentas a la sociedad…éste es un primer insumo para evitar precisamente anomalías o temas de corrupción”, concluyó.