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Se compromete gobernador Víctor Castro a investigar presunto acto de corrupción denunciado por ejidatarios de Mulegé

  • Denunciaron ante el ejecutivo un presunto despojo de un predio en la zona de Santispac, en Bahía Magdalena, en el que precisan afectan a unas mil personas.

Ejidatarios del municipio de Mulegé, abordaron el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, al denunciarle y pedirle su intervención en un presunto acto de corrupción, a través del que se buscaría el despojo dde un predio en el polígono colocido como Santispac, en Bahía Concepción, lo que afectaría a más directamente a cerca de mil personas.

Luego de escuchar sus planteamientos, en un encuentro informal en la plaza de la reforma del Palacio de Gobierno, el titular del ejecutivo les dijo que en su gobierno no se tolera ningún acto de corrupción, por lo que se  comprometió a revisar y buscar que este conflicto se resuelva conforme a derecho, y que sea con base a derecho que la ley le otorgue la razón a quien la tenga, y si hay algún acto indebido, que se sancione, al o los responsables.

Los ejidatarios en voz del comisariado ejidal, Víctor López Arce. expresaron que el conflicto lo inició una persona que no representa a los 142 ejidatarios que integran el padrón del ejido y que a través de irregularidades actos, buscan apropiarse indebidamente del predio. por lo que ante esta situación se afectan directamente a las familias de los ejidatarios, por lo que pidieron la intervención del gobernador, ya que consideran que hasta existen hechos de corrupción, y por eso piden que se haga  justicia y que se respeten los derechos de los legítimos propietarios.

En ese sentido, denunciaron que el notario público de Guerrero Negro, giró una escritura y gravó el predio, aludiendo fundamentos legales que carecen de sustento jurídico; se trata de un predio prohibidizo en copropiedad, que no lo puede representar uno solo al menos que ostente el poder de los demás, entonces hubo una violación clara”, precisaron José Luis Chavarría, Armando Naranjo, Jesús López y Lino Rosales, quienes insistieron en que lo único que buscan es que se haga justicia y evitar un despojo.

Al término de la reunión informal, los ejidatarios de Mulegé confiaron en que se aplicará la ley y una vez que notificaron del caso a la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado se presentaron en la Procuraduría General de Justicia para interponer su denuncia correspondiente y se pongan a salvo los derechos sobre el predio y no se afecte a las familias de los ejidatarios.

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