Se busca adicionar y reformar la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de BCS, en materia de operativos de alcoholimetría
El Congreso del Estado de BCS turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Movilidad y Seguridad Vial la iniciativa que busca reformar la Ley de Tránsito Terrestre del Estado y Municipios de Baja California Sur, con el objetivo de establecer controles de alcohol en sangre para todas las personas conductoras, propuesta por la diputada Lupita Saldaña Cisneros.
Para tales efectos se proyecta incorporar un nuevo Capítulo II al Título Séptimo, centrado en la implementación de operativos de alcoholimetría a cargo de las autoridades estatales y municipales en materia de movilidad, tránsito, vialidad y seguridad vial, operativos que no deberán ser limitados únicamente al consumo de alcohol, y deberán contemplar la detección de otras sustancias narcóticas, enervantes, estupefacientes y psicotrópicos.
Saldaña Cisneros precisó que se busca introducir al marco jurídico algunas definiciones fundamentales, tales como: Alcoholímetro, Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría y Punto de Control de Alcoholimetría, con el fin de dotar de claridad y certeza a la aplicación de la norma en comento.
Ahí mismo añadió que la propuesta también establece un esquema de prohibiciones respecto a la presencia de alcohol en la conducción, incluyendo una regla general y disposiciones específicas para ciertos grupos. Dijo que, en particular, se fija una política de tolerancia cero para personas menores de edad y para conductores del servicio público de transporte, quienes no podrán manejar con ninguna concentración de alcohol en sangre o aire espirado. La reforma amplía las sanciones al incluir el aseguramiento del vehículo, arresto administrativo y trabajo comunitario, cuando se conduzca bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas; en menores, se prevé su entrega a tutores.
Finalmente, se dispone que el Protocolo de Implementación de Puntos de Control de Alcoholimetría del CONAPRED tendrá carácter obligatorio y vinculante para todas las autoridades competentes que lleven a cabo los operativos.

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