Propone Diputada María Luisa Ojeda que el Congreso designe al o la titular del OIC de la CEDHBCS
- Propone reformar la fracción XLVIII del numeral 64 de la Constitución de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinquies de la Ley de la CEDHBCS
La Diputada María Luisa Ojeda (PRD) presentó una iniciativa para reformar la Constitución del Estado y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBCS) para que la persona titular del Órgano Interno de Control (OIC) de dicha comisión sea designado por integrantes del Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante el mismo procedimiento de selección que el titular, es decir selección y votación por mayoría calificada.
Actualmente la designación es facultad del presidente de la comisión, lo cual se establece en el artículo 44 Ter de la Ley de la CEDHBCS, “Quien ocupe la Titularidad de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, designará a quien desempeñará la Titularidad del Órgano Interno de Control de la Comisión, previo análisis del perfil profesional y la documentación que acredite experiencia y los conocimientos requeridos”.
La representante del PRD propone reformar la fracción XLVIII del numeral 64 de la Constitución de Baja California Sur y los artículos 44 ter y 44 quinquies de la Ley de la CEDHBCS.
Considera que el hecho de que sea el ombudsman quien designe a la persona titular del OIC plantea un posible conflicto de intereses, ya que no se puede ser juez y parte en la misma causa. “Cuando la misma entidad que está siendo supervisada tiene el poder de nombrar a quien la supervisa, existe el riesgo de que la independencia y la imparcialidad del órgano interno de control se vean comprometidas”, apuntó.
Ojeda González dijo a sus homólogos que “debemos de tener una visión crítica y consciente sobre el poder, su relación con el Estado y la necesidad de salvaguardias para prevenir su mal uso por la importancia de los órganos internos de control como mecanismos para supervisar y equilibrar el ejercicio del poder público.
Los convocó a buscar establecer un marco legal que promueva la transparencia, la responsabilidad y la justicia en el ejercicio del poder estatal.
