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Ofrece Susbsecretario de Derechos Humanos apoyo absoluto para encontrar a los desaparecidos en BCS

Homologar la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares

Castigar a los servidores públicos involucrados y buscar coincidencias en las osamentas localizadas

Luego de conocer de los graves problemas de desaparición que  se han registrado en  esta entidad, y que superan más de 5 mil personas, según lo registra el Boletín oficial  en su boletín del día 30 de junio 2017, número 24 del Gobierno del Estado de Baja California Sur

el Subsecretario de Derechos Humanos Rafael Adrían Avante Juárez, tomó  la protesta a los integrantes del ColectivoBCS SinEllosNo, que encabeza  Petra Muñoz Pulido, como Secretario Melchor Soto Torres, Tesorera Esaí Noemí,  representante en Comondú Ana Valeria Sánchez Romero, Zona Pacífico Norte Leticia Choza, y como vocal Elida Navarro Navarro

En su mensaje a las madres de los desaparecidos de Comondú, Los Cabos, La Paz y de la Zona Pacifico norte, Mulegé, Vizcaíno y Guerrero Negro, Avante Juárez, dejó establecidos  compromisos concretos que deberán llevar a cabo las autoridades de la procuraduría de justicia.

 Dijo el subsecretario de Derechos Humanos, que hay frustación, coraje y dolor, por ello necesitamos saber de sus  preocupaciones ante la evidente falta de información y de trabajo. “ Enfáticamente  resalto, y desde el punto de vista federal, la autoridad  me  informo acerca de mil desaparecidos, pero  veo que la cifra es mucho más alta”.

Es de vital importancia saber donde  tenemos el problema, expreso, revisar bien las carpetas de investigación, ante la denuncia  de que en las desapariciones pudieran estar involucrados, servidores de la  PGJBCS.

Ante los asuntos pendientes que faltan  y la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y por Particulares, la Comisión Estatal y Local de Búsqueda,” No nos vamos a detener, tenemos que avanzar  en la ley que nos obliga a hacer e identificar  aquellos casos de presunción de que pudieran estar involucradas las autoridades.”

Ante el Subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, una a una las madres de los  desaparecidos le hicieron saber el acosos e intimidación de los  agentes ministeriales, para evitar que estas  denuncien.

El funcionario  puso sobre la mesa tres puntos fundamentales como postura de la institución federal

Es necesario que se lleve a cabo  una investigación profunda, y eso solo  se puede hacer revisando caso por caso,  y que ustedes puedan sentarse  con personal   de la procuraduría – que ustedes confién- para ver  que  esta  faltando y que no este  faltando y  de allí se tomen, las decisiones de  las diligencias que se tengan que hacer.

“Eso significaría que se  pudiera  trabajar con el colectivo para hacer la calendarización con citas muy específicas para que cada una  de las familias puedan revisar sus expedientes, como primera  postura.

Segunda: Ofreció que la Policía Científica se inmiscuya y revisar  la información que se dispone de los hallazgos mas la información de ADN,  y  cruzar esa información, y se pueda saber si existen o no coincidenecias en las osamentas que se han encontrado, para poder tener  certidumbre -o igual si ya  apareció la persona que se esta buscando-.

El tercer aspecto  tiene  que ver con las autoridades, conocer si  hubo negligencia  para actuar contra quien negligente e irresponsablemente  haya desatendido una investigación.

En este  tema  tiene que ver  con quien pudiera ser responsable de los ilícitos y que hayan amenazado y se tenga el conocimiento que deliberadamente estén obstaculizando las investigaciones o falseando para encubrir algo,  e integrar las carpetas  contra  cualquier funcionario para deslindar responsabilidades y en ese caso ejercer acción contra ellos.

La subprocuradora de la PGJBCS que acudió en representación al evento coordinadorpor la Secretaría de Gobernación federal a cargo de Ricardo Millán Bueno, expresó  que no están dispuestos a solapar actos de corrupción dentro de la institución. Eso me  hace entender, apunto Rafael Adrían Avante Juárez  que se  iniciarían investigaciones,objetivas y profesionales contra los propios servidores públicos que  estuvieran relacionados.

 

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