“La tradición no se debe convertir en recaudación”, advierten el diputado del PTdesde el Congreso
La pesca de orilla es parte de la identidad y tradición de Baja California Sur; cualquier intento por imponer nuevos cobros debe frenarse hasta conocer su fundamento legal, destino y beneficios reales para los pescadores.
La Paz, Baja California Sur.— La propuesta de establecer nuevos cobros relacionados con la pesca de orilla encendió la discusión política en Baja California Sur, ante el señalamiento de que una actividad profundamente arraigada en las comunidades sudcalifornianas no puede convertirse en una nueva fuente de recaudación para el gobierno.
La postura es clara: sí al ordenamiento, sí a la conservación de los recursos marinos y sí al desarrollo sustentable de la pesca, pero no a nuevos cobros sin transparencia, sin sustento y sin explicar previamente a los ciudadanos dónde terminará cada peso recaudado.
Desde el ámbito legislativo se cuestionó la intención de imponer cargas económicas a quienes practican la pesca de orilla y se exigió que, antes de aprobar cualquier medida de este tipo, las autoridades presenten públicamente el fundamento jurídico que la sustenta, los mecanismos mediante los cuales se aplicaría y, sobre todo, el destino específico de los recursos.
El reclamo adquiere especial relevancia debido a que la pesca de orilla no representa únicamente una actividad recreativa o económica, sino que forma parte de la cultura, tradición y vida cotidiana de numerosas familias sudcalifornianas.
Por ello, se consideró que cualquier decisión que afecte esta actividad debe construirse con los propios pescadores y no desde un escritorio, sin escuchar a quienes conocen directamente las condiciones del mar y de las comunidades.
“La tradición no se debe convertir en recaudación”, es el planteamiento que resume esta postura, al advertir que la protección de los recursos naturales no debe utilizarse como argumento para establecer cobros cuyo destino y beneficios no estén plenamente justificados.
La exigencia es que, antes de hablar de dinero y nuevos derechos, se hable de conservación, vigilancia, sustentabilidad y resultados, dejando claro qué acciones concretas recibirán los pescadores a cambio de cualquier eventual contribución.
Desde el Congreso se anticipó que se defenderá que las decisiones relacionadas con la pesca sean sometidas al escrutinio público y cuenten con sustento técnico y jurídico, además de mecanismos de transparencia y participación ciudadana.
El mensaje político es contundente: Baja California Sur necesita proteger sus recursos pesqueros, pero la solución no puede ser cobrarle más a la gente que durante generaciones ha vivido y convivido con el mar.
La defensa de la pesca, se sostuvo, debe hacerse con los pescadores y no a costa de los pescadores.
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