Mienten y vuelven a mentir diputados locales de MORENA y PT al conducirse fuera de la Ley: Gobernador

• El conflicto en el Congreso del Estado viene a afectar a las y los sudcalifornianos, al frenar proyectos de beneficio social en la entidad, señala el titular del ejecutivo.

No se pueden resolver problemas violando la ley. No aquí. No conmigo como gobernador, dijo el titular del ejecutivo estatal en Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, en su mensaje sobre los hechos que se suscitan en el Congreso del Estado, que a su criterio están fuera del marco de derecho y que en breve ampliará en la controversia interpuesta ante la Suprema Corte de la Nación.

En su mensaje, el gobernador dijo que los diputados de MORENA y PT, mienten y vuelven a mentir y hacen una flagrante violación a la Ley de Amparo, al materializar la comisión del delito de desacato por parte de los diputados y diputadas que votaron la resolución el pasado sábado.

“Es de nuestro conocimiento que la violación a la suspensión ha sido ya debidamente notificada y denunciada por parte de los agraviados a la Juez de Distrito que la emitió, quien en términos de Ley habrá de pronunciarse en breve al respecto”, señaló.

Mendoza Davis dejó en claro, que todo este conflicto al interior del Congreso del Estado ha dejado un grave rezago que afecta a la población, acciones importantes para los ciudadanos, respuestas a sus problemas, entre otros, puntualizó,  la construcción de la tan necesitada planta desaladora para suministrar agua potable al municipio de Los Cabos, proyecto en el que de manera activa, el gobierno que encabeza ha venido participando y en repetidas ocasiones he solicitado el Señor Presidente de la República, la más reciente de ellas, en su visita a Baja California Sur, precisamente al municipio de Los Cabos, el pasado 7 de agosto.

“Para lograr la materialización de ese y otros proyectos, el Congreso debe autorizar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Los Cabos comprometan como garantía para su financiamiento sus participaciones de ley. Si posteriormente, como ya sucedió, la autoridad judicial determina que la integración del Congreso es ilegal al no participar las 21 diputadas y diputados electos por medio del voto ciudadano, dicha autorización y cualquier otra serán determinadas ilegales. De no resolverse el problema, sucederá lo mismo con el proyecto similar que se está buscando para la ciudad de La Paz y, seguramente, con muchos más que pudieron haberse materializado si cada quien hiciera su trabajo y cumpliera a cabalidad con la ley.

Hizo énfasis, que siendo respetuoso de la Ley y de quien imparte la justicia en el país, órgano que dirime cualquier controversia entre los mexicanos, esperará a que se pronuncie de nuevo la autoridad judicial sobre su legal conformación. En tanto eso no suceda, de nueva cuenta dijo que se abstendrá de publicar en el boletín oficial decreto alguno que contenga resoluciones del Congreso.

Finalmente pidió a las y los sudcalifornianos que no los confundan, que la obligación que asumen como servidores públicos es para resolver sus problemas. Lo es: pero también guardar, cumplir y hacer cumplir las leyes.