En el marco de su séptimo aniversario, el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur (TJABCS) reafirma su compromiso con la impartición de justicia basada en el respeto a los derechos humanos. Las Magistradas han compartido sus experiencias y dedicación en la atención a la ciudadanía que acude al Tribunal.
La protección de los derechos humanos se ve reforzada en cada espacio dedicado a la atención ciudadana y a la impartición de justicia. Esta fue la conclusión de las Magistradas del TJABCS durante el conversatorio “Garantizando el acceso a la justicia: desafíos y avances en derechos humanos”.
Este evento, organizado por el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (SEABCS) y el Comité de Participación Ciudadana (CPC) para conmemorar el Séptimo Aniversario del Tribunal, se centró en la importancia de investigar los delitos de corrupción, analizándolos como un derecho humano y cómo asegurar su protección.
Las Magistradas Claudia Méndez Vargas (Presidenta y titular de la Tercera Sala), María Eugenia Monroy Sánchez (Primera Sala) y Rebeca Barrera Amador (Segunda Sala) destacaron el crecimiento del Tribunal en sus siete años de existencia, así como los desafíos y oportunidades para fortalecerlo en beneficio de los ciudadanos.
El conversatorio también contó con la participación de Carlos Eduardo Vergara Monroy, Magistrado del Tribunal Estatal Electoral de BCS, y Lenin Emiliano Ortiz Amao, Fiscal especializado en combate a la corrupción en BCS, quienes expresaron su apoyo al trabajo del Tribunal.
Durante su intervención, la Magistrada María Eugenia Monroy Sánchez resaltó la necesidad de implementar un mecanismo alternativo de solución de controversias de manera oportuna, eficaz y pronta, considerándolo un derecho humano esencial para eficientar el servicio.
Por su parte, la Magistrada Rebeca Barrera Amador enfatizó que el derecho administrativo, rama que regula la organización y funciones de la administración pública, debe garantizar la igualdad de trato para todas las personas, tanto autoridades como ciudadanos, que acuden al Tribunal.
Finalmente, Méndez Vargas subrayó el objetivo de evidenciar cómo la administración de justicia administrativa protege los derechos humanos, una labor que el Tribunal ha desempeñado desde su instalación formal el 20 de junio de 2018.
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