La contraloría general como garante de la legalidad en el ejercicio de los recursos públicos
- Apuntó que el combate a la corrupción es un tema prioritario en las instituciones y funcionarios de Baja California Sur
Ante el pleno del Congreso del Estado, compareció la titular de la Contraloría General del Estado, Sonia Murillo Manríquez, donde ratificó los avances y retos que se gestaron durante el último año de la actual administración, debido a los profundos cambios políticos y sociales que cristalizaron la coordinación, el compromiso y las responsabilidades entre sociedad y gobierno.
En este sentido, la funcionaria reiteró que ningún recurso público debe ser ajeno a la vigilancia social, por ello, actualmente la contraloría social revisa obras y acciones ejecutadas con recursos estatales, asegurando que con ellas se atiendan las necesidades de la sociedad sudcaliforniana, mismas que contribuyan a mejorar su nivel de bienestar.
De esta forma la dependencia recibió 844 quejas, las cuales provienen de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, la no presentación o presentación extemporánea de la Declaración de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, observaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública, así como denuncias ciudadanas y la aplicación extemporánea del examen toxicológico.
Murillo Manríquez señaló que, Baja California Sur es uno de los 22 estados del país que cuenta con un código de ética, conforme a los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción, agregando que, para el cumplimiento oportuno y transparente de los objetivos a favor de la ciudadanía, se integraron 31 Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODIS), de 48 que se tienen como meta.
Como garante de la legalidad y vigilante de los procedimientos para la asignación de contrataciones públicas, se lograron hasta la fecha 570 procedimientos de licitación y concursos registrados en el Sistema de Contrataciones Públicas CompraNet, donde se realizaron 337 procedimientos de contratación y asignación de recursos públicos por mil 649 millones 185 mil pesos.
En cuanto a la vigilancia de los recursos públicos aprobados, de manera coordinada con la Secretaría de la Función Pública se efectuaron 47 auditorías relacionadas con 94 obras, mismas que representan una inversión revisada de mil 083 millones pesos, siendo el 93 por ciento de la inversión aprobada de 14 programas federales, a cargo de los gobiernos estatal y municipal.
La titular de la dependencia explicó que durante el 2019 se dio seguimiento a ocho auditorías practicadas a diferentes instituciones estatales, donde a la fecha se han solventado 171 millones 364 mil pesos, agregando que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAI), determinó que la Contraloría cumplió con el total de sus obligaciones en esta materia.
Finalmente, la Contralora puntualizó, “estamos convencidos que la transparencia y la rendición de cuentas no deben ser una aspiración, sino el camino por el que se construye la confianza, camino que sólo tiene un sentido: el bien común y el desarrollo de los sudcalifornianos”, recalcando que dentro del marco legal es necesario que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las observaciones para enfrentar la impunidad.
