De manera unánime del pleno del Senado de la República aprobó la propuesta de Homero Davis Castro para la actualización del reglamento de Pesca del país.

Ciudad de México, 27 de marzo del 2025.– Este viernes, y con el  respaldo del pleno de manera unánime, en el Senado de la República se aprobó la propuesta impulsada por el Senador de Baja California Sur, Homero Davis Castro, en el que se exhorta al Gobierno de México para actualizar el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, un paso fundamental para brindar certeza jurídica y fortalecer la pesca y acuacultura en el estado de BCS y en todo el país.

Esta iniciativa anteriormente había sido aprobada por la Comisión de Pesca y Acuacultura, y hoy se cumplió con el procedimiento del Pleno que por unanimidad, se convierte en un llamado formal del Senado para que se atienda una necesidad histórica del sector, para que este cuente con un reglamento actualizado y acorde a los tiempos, que se coherente con la legislación vigente y alineado a los principios de transparencia, sustentabilidad, legalidad y equidad.

«Este logro no es solo legislativo, es un triunfo colectivo de quienes viven del mar y luchan por condiciones justas para desarrollar su actividad. Me comprometí a llevar la voz del sector pesquero al Senado, y hoy, con esta aprobación, avanzamos hacia un mejor futuro para todas y todos ellos, un trabajo conjunto con el sector pesquero de BCS.», detalló el Senador Davis Castro.

La propuesta fue el resultado de un proceso de escuchar de manera activa y la colaboración con pescadores deportivos, pescadores ribereños, prodcutores de Baja California Sur, así como con el Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar BCS), dirigido por Martín Inzunza Tamayo. Las preocupaciones y propuestas planteadas en mesas de diálogo y reuniones regionales fueron clave para la construcción de este exhorto legislativo. Que implica que esta aprobación se haya dado, pues que el Senado exhorta al Ejecutivo Federal a que, a través de la SADER, expida un nuevo reglamento que sustituya al que está vigente desde 1999, y que ha quedado obsoleto para reglamentar una ley, ya derogada.