Da trámite Congreso a veto gubernamental del decreto 2789
- Fue señalada una observación de forma conforme al numeral 60 constitucional de BCS, fue remitido a la comisión de asuntos fiscales para nueva dictaminación
La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California Sur dio trámite al veto parcial del titular del Poder Ejecutivo al decreto 2789 correspondiente a la reforma del artículo 8 de Ley de Catastro para los Municipios de Baja California Sur, en la que se realizó una observación de forma, la cual fue turnada a la comisión de asuntos fiscales para un nuevo dictamen y su presentación al Pleno conforme la Constitución estatal.
Se trata de una reforma presentada durante la sesión del pasado 05 de octubre propuesta por el Diputado Luis Armando Díaz (PT) con la finalidad de ampliar el plazo para la presentación de propuestas de tablas de valores catastrales, de suelo, construcción y vialidad para las administraciones municipales entrantes, de modo que cada tres años podrían presentarlas al congreso durante la segunda quincena de octubre, para su análisis y dictaminación durante la segunda quincena del mes de noviembre.
El iniciador puntualizó que esta iniciativa no promueve el incremento al impuesto predial, ni planea interferir en la recaudación de los ayuntamientos, propone ampliar la temporalidad para las administraciones entrantes para la presentación de propuestas de tablas de valores catastrales, toda vez que no corresponde al poder legislativo, si no a los ayuntamientos como lo establece el artículo 115 constitucional.
“Somos respetuosos de la autonomía municipal como del artículo 115 constitucional; el sentido de la propuesta es que los ayuntamientos, aun cuando haya un cambio de estafeta municipal, hagan valer la facultad que tienen de presentar sus tablas de valores unitarios de suelo y construcción, que son la base del impuesto predial”, acotó.
Cabe recordar que la legislación vigente contempla que las propuestas y dictaminaciones deben ser presentadas en las primera y segunda quincena del mes de septiembre respectivamente, sin embargo, por considerar que el plazo puede impactar negativamente y de manera desproporcionada a los valores de mercado, el legislador propuso extender el plazo en los años en que haya cambio de administración.
