Analiza Congreso la creación del Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Baja California Sur”

  • Rompe sustantivamente el paradigma de ver a los indígenas como menores a los que hay que proteger; se crean las condiciones para que sean sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización, respetando plenamente sus derechos reconocidos en el ámbito internacional

El Pleno del Congreso de Baja California Sur analiza desde hoy iniciativa con proyecto de decreto, para crear el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del Estado de Baja California Sur”, presentada por la diputada Eufrocina López Velazco, representante del VIII distrito local y presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Asuntos Indigenas en la XVI Legislatura. 

Lo anterior, lleva como propósito reconocer en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur el Instituto Estatal de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, así como en los ayuntamientos del Estado, derechos estipulados en la Constitución Política Local, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México forma parte.

El contenido de la Iniciativa que se asignó a las Comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, versa sobre los logros, las reivindicaciones y las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos, con el objetivo de adecuar y armonizar nuestra norma constitucional a los estándares internacionales en la materia y transformar las actuales estructuras normativas e institucionales del Estado mexicano para atender y resolver los graves problemas de marginación, pobreza, exclusión, racismo y discriminación que padecen dichos pueblos. 

En la exposición de motivos, la luchadora social, enfatizó que la iniciativa presentada este martes en tribuna, deja atrás cualquier idea de tutelaje o suplantación de la voluntad de los pueblos y se funda en el ejercicio pleno del derecho de libre determinación y autonomía, reconociendo su carácter de sujetos de derecho público, lo que les permitirá volver realidad sus propios ideales de desarrollo, decidir libremente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales y fortalecer sus culturas, lenguas, principios y valores comunitarios. 

“El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, modifica sustantivamente el paradigma de ver a los indígenas como menores a los que hay que proteger o tutelar; en contraste, se crean las condiciones para que sean sujetos de su propio desarrollo, a partir de sus formas de gobierno y organización, respetando plenamente sus derechos reconocidos en el ámbito internacional”.

La legisladora, reconoció que el establecerse la comunidad indígena y afromexicana en esta entidad han traído consigo una riqueza cultural y al mismo tiempo el reconocimiento de sus derechos más elementales establecidos en el artículo 7 Bis. Párrafo séptimo y octavo que a la letra dice “para promover la igual de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, el estado y los municipios establecerán las instituciones y las políticas públicas requeridas para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales tendrán que ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos en los términos del artículo segundo constitucional y la ley de la materia.

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