Buscan frenar trabas administrativas que afectan a familias en predios sin regularización

• La reforma plantea acompañamiento municipal para personas con posesión legítima de terrenos.
• Mulegé aparece entre las zonas donde persisten rezagos históricos en certeza patrimonial.

La diputada Teresita Valentín Vázquez propuso  fortalecer las facultades municipales para implementar programas de regularización territorial y certeza jurídica patrimonial, así como establecer disposiciones que impidan que la ausencia de título registral constituya automáticamente un obstáculo para acceder a permisos de construcción cuando existan elementos suficientes que acrediten posesión legítima o derechos agrarios.

La falta de un título formal de propiedad sigue siendo, para muchas familias sudcalifornianas, una barrera al momento de construir o mejorar su vivienda, de ahí que la iniciadora propuso reformas a las leyes de Desarrollo Urbano y Orgánica del Gobierno Municipal de Baja California Sur.

La legisladora se refirió particularmente a comunidades rurales donde históricamente el crecimiento urbano y habitacional ha superado los procesos institucionales de regularización de la tenencia de la tierra como localidades del Municipio de Mulegé, como Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo y Vizcaíno.

La iniciativa propone que los ayuntamientos cuenten con mayores herramientas para coordinar procesos de regularización territorial y brindar acompañamiento administrativo a personas que acrediten posesión legítima sobre predios destinados a vivienda.

Valentín Vázquez aclaró que no pretende fomentar ocupaciones irregulares ni sustituir facultades agrarias o registrales, sino generar mecanismos institucionales más sensibles a la realidad territorial y social de Baja California Sur.

Puesto que quienes buscan tramitar permisos o licencias de construcción se enfrentan a requisitos, condicionamientos o criterios administrativos que afectan directamente su derecho a una vivienda, establece que los ayuntamientos no podrán exigir requisitos o cargas distintas a las previstas en la ley cuando las personas acrediten posesión legítima mediante constancias ejidales, certificados parcelarios, derechos agrarios u otra documentación expedida por autoridades competentes. 

La reforma plantea la creación de programas municipales de Regularización Territorial y Patrimonial, orientados a ordenar asentamientos humanos, facilitar la incorporación de servicios públicos y avanzar en procesos de certeza jurídica.

Contempla, además, coordinación con ejidos, el Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad para impulsar mecanismos que permitan a las familias acceder a documentos legales que acrediten la tenencia de la tierra.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Asuntos Fiscales y Administrativos y de Desarrollo Urbano, Infraestructura Social y Obra Pública.